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Sentencia favorable subsidio por desempleo para mayores de 52 años

Hoy os traemos un nuevo caso en el que hemos conseguido que a nuestro cliente se le reconozca el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Tras no conseguirlo por vía administrativa, llevamos el caso a los tribunales, ¡donde finalmente ganamos! ANTECEDENTES Mi cliente solicitó el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en septiembre de 2022, pero el SEPE se lo denegó. Posteriormente, presentamos la correspondiente reclamación previa, pero el resultado tampoco fue positivo. Se deniega porque no ha estado ininterrumpidamente como demandante de empleo desde la situación que dio derecho a su acceso a excepción del cumplimiento de la edad. Al no estar de acuerdo con esta denegación, nos fuimos a los juzgados. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Una vez en el juicio demostramos que efectivamente nuestro cliente si cumple los requisitos, ya que tal y como recoge el el art. 274.4 de la LGSS «…se entenderá cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada una de las posibles interrupciones haya tenido una duración inferior a noventa días, no computándose los períodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena». Y efectivamente las interrupciones que alega el SEPE para denegar este subsidio a nuestro cliente no son mayores a 90 días. Por todo ello, tal y como podemos ver en el fallo el juez nos dio la razón, reconociéndole su derecho al subsidio y a cobrar los atrasos.

La incapacidad permanente parcial y su indemnización

Conseguir una incapacidad parcial no significa ni cambiar de empleo ni recibir una mensualidad por no poder trabajar por tanto, podrás seguir en el mercado laboral pero, y a la vez, cobrar una indemnización. Una incapacidad permanente parcial es el grado más bajo de invalidez y se concede cuando una persona tiene reducido su rendimiento un mínimo del 33%, debido a una enfermedad o lesión. No supone una extinción o suspensión del contrato vigente, al contrario que con la incapacidad total, absoluta o gran invalidez. Además, no se cobra una pensión mensual, sino que como compensación al hecho de que la persona trabajadora tiene mayores dificultades para hacer su trabajo, se otorga una indemnización dicha indemnización es de 24 mensualidades de la base reguladora, y se abona en un pago único.

Sentencia favorable impugnación alta médica

Hoy os traemos una sentencia diferente de las que solemos analizar en esta ocasión hemos conseguido la impugnación de un alta médica indebida. ANTECEDENTES En 2022 nuestra clienta fue dada de baja por enfermedad común, iniciando situación de incapacidad temporal por una serie de dolencias en el hombro que le impedían realizar correctamente su profesión. Unos meses después le fue extendida alta por presentar una situación de mejoría de sus dolencias. Ante esta situación, y tras agotar la vía administrativa, presentamos demanda frente al INSS y la mutua. En el juicio demostramos, con las pruebas aportadas, que no existía tal mejoría, sino que estaba pendiente de intervención quirúrgica, dada su evolución, al haber fracasado el tratamiento de fisioterapia. Por otro lado, el Médico Inspector no concretó la limitación de la movilidad que presentaba la trabajadora en la fecha del reconocimiento médico, ni se apoyaba en ningún informe médico del servicio de traumatología del que se desprenda la referida mejoría. FALLO El resultado, como podéis leer en el fallo, fue la revocación del alta emitida por la inspección médica, y la reanudación de la incapacidad temporal de nuestra clienta.

El TJUE concede indemnización a un padre que reclamaba el complemento de maternidad en pensión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado, en una reciente sentencia, que los padres tienen derecho a recibir una indemnización extra tras verse obligados a reclamar el complemento de maternidad en su pensión. Esta indemnización debe incluir también las costas y los honorarios de abogados. El tribunal apunta en su fallo que los progenitores a los que la Seguridad Social les ha denegado el complemento en la pensión afrontan una doble discriminación, por razón de sexo y por verse obligados a acudir a los tribunales para reclamarlo. Por todo ello, “se deduce que ese afiliado debe poder disfrutar igualmente, además del reconocimiento retroactivo del complemento de pensión litigioso, de una reparación pecuniaria adecuada”. El TJUE, en esta nueva sentencia, recuerda que en 2019 ya declaró discriminatorio por razón de sexo la reserva de este complemento solo a madres beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente y que tengan dos o más hijos (biológicos o adoptados). Además, apunta que los tribunales nacionales y la administración pública deben dejar de aplicar “toda disposición nacional discriminatoria, sin esperar a que la derogue el legislador”.

Sentencia favorable TSJ Andalucía Incapacidad Permanente Absoluta

El caso que os explicamos hoy lo hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estima el recurso de suplicación interpuesto, declarando a mi clienta en situación de incapacidad permanente absoluta con efectos de 24 de febrero de 2020. ANTECEDENTES El 1 de junio de 2020 mi clienta presentó demanda contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, en la que suplicaba ser declarada en situación de incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, total. El equipo de valoraciones del INSS propuso la no calificación de la trabajadora como incapacitada permanente por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyesen o anulasen su capacidad laboral. Finalmente, con fecha de 24.02.20 el INSS desestima la solicitud de incapacidad permanente solicitada. En enero de 2021 interpusimos recurso de suplicación y, tras presentar el escrito de interposición, que fue impugnado de contrario por la Entidad Gestora, se elevaron las actuaciones a esta Sala. FUNDAMENTOS JURÍDICOS La Entidad Gestora dictó resolución declarando que mi clienta no se encontraba en situación de invalidez. En la demanda se impugnó esa resolución solicitando la declaración de la demandante en situación de incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, total. La sentencia del Juzgado de lo Social estimó la pretensión subsidiaria de la demanda. En el recurso de suplicación se solicita la declaración de la demandante en situación de incapacidad permanente absoluta con efectos de 24 de febrero de 2020. La propia Entidad Gestora declaró a mi clienta en situación de incapacidad permanente absoluta mediante resolución de 16 de diciembre de 2020, con lo que la cuestión litigiosa se reduce a valorar si las lesiones que ya padecía la demandante el 24 de febrero de 2020 eran constitutivas de una incapacidad permanente absoluta. De la propia documentación aportada por la Entidad Gestora se desprende que la demandante estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 23 de marzo al 16 de noviembre de 2020, fecha en la que se formuló propuesta para su declaración en situación de incapacidad permanente, con lo que es evidente que la evolución desfavorable de las lesiones que ya padecía el 24 de febrero de 2020 es lo que la ha situado en la situación de incapacidad permanente absoluta reconocida por la Entidad Gestora. Por ello, la Sala concluye que la demandante se encontraba en situación de incapacidad permanente absoluta en la fecha del hecho causante y que la decisión de la Entidad Gestora de declarar que en esa fecha sus lesiones no eran definitivas no fue ajustada a derecho. De manera que la sentencia recurrida, al declarar que la demandante se encontraba, en la fecha del hecho causante, en situación de incapacidad permanente total, ha incurrido en una infracción de lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, lo que conduce a la estimación del recurso de suplicación formulado contra la misma, a su revocación y, en su lugar, a la estimación de la pretensión principal de la demanda tal y como se recoge en el fallo.

Sentencia favorable TSJ Andalucía Grado de Discapacidad

El caso que os explicamos hoy lo hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desestima el recurso interpuesto por la Consejería, confirmando la sentencia de instancia. ANTECEDENTES En 2019, mi cliente presentó demanda contra la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en la que suplicaba que se le reconociese un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En 2021 se dictó sentencia reconociéndole a mi cliente un grado de discapacidad del 34%, decisión contra la que la entidad gestora demandada interpuso recurso de suplicación con la finalidad de que se revocase la misma y se confirmase el grado establecido en vía administrativa. La entidad gestora consideraba que la sentencia recurrida interpretaba erróneamente los criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible a las deficiencias cardíacas por miocardiopatías y cor pulmonar crónico. Por nuestra parte expusimos una serie de fundamentos por los que el recurso debía desestimarse  siendo determinante el informe médico del servicio de cardiología del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde recoge como plan de actuación el que debe evitar deportes y realizar esfuerzos físicos, lo cual se ratifica con la pericial de parte cuando analiza este informe médico. Y en este punto entendemos que hay error del EVO en su exploración, pues no se valora de forma oportuna esta limitación para el deporte y esfuerzos físicos. FALLO Finalmente como podemos ver en el fallo se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, y se confirma la sentencia en la que se reconocía a mi cliente un grado de discapacidad del 34%.

Sentencia favorable incapacidad por gran invalidez

En esta sentencia se le reconoce la gran invalidez a mi clienta que ya era pensionista de incapacidad permanente absoluta desde 2005. Mi clienta (dependienta de comercio) fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión en 2005. ANTECEDENTES En 2020, solicitó revisión por agravación y la Dirección Provincial del INSSS se la denegó alegando que seguía manteniendo el mismo tipo de incapacidad que ya tenía reconocido. Disconforme con la anterior resolución, se presentó la oportuna reclamación administrativa ante el INSS que nuevamente emitió resolución desestimando el recurso que planteamos y denegando el reconocimiento de la situación de gran invalidez. Contra la dicha resolución presentamos demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, acreditando que las dolencias que mi clienta padecía inicialmente se han agravado, necesitando ayuda para las actividades de la vida diaria por necesidad de que las personas de su entorno desplieguen una constante actividad de cuidado y vigilancia . FALLO Ante los hechos probados, finalmente se ESTIMA nuestra demanda y se le reconoce a mi clienta la incapacidad permanente por gran invalidez.

Grados de discapacidad

La discapacidad, salvo cuando es mayor al 65%, no comporta el cobro de una pensión, al contrario que la incapacidad permanente. Pero sí implica determinados beneficios, diferentes según el porcentaje de discapacidad. Discapacidad menor al 33% Un certificado de discapacidad menor al 33% no conlleva ninguna prestación económica, ni beneficios fiscales o sociales. Discapacidad entre el 33% y el 64% Si tu grado de discapacidad se sitúa entre el 33 y el 64%, aún no alcanzas el porcentaje necesario para disponer de una prestación económica. Sin embargo, tienes mayores beneficios: Fiscales: hay beneficios en la declaración de la Renta, en el impuesto de sucesiones y donaciones, o en el de transmisiones patrimoniales, entre otros impuestos y tasas. Sociales: derecho a becas universitarias, descuentos en transporte y muchas otras bonificaciones que ofrecen tanto empresas públicas como privadas. Laborales: mínimo de plazas garantizadas a personas con discapacidad en oposiciones. Asimismo, en todos los contratos laborales el empresario tiene una deducción cuando contrata a alguien con discapacidad. Discapacidad del 65% o superior Todos los beneficios anteriores también se aplican en este nivel de discapacidad. Sobre todo, lo esencial aquí es que con una discapacidad del 65% o mayor ya tienes derecho a cobrar una pensión por discapacidad (pensión no contributiva por invalidez). Pero esta solo se puede solicitar si no se tienen ingresos de otras fuentes que superen el límite establecido, entre otros requisitos.

Sentencia Favorable Tribunal Suprempo

Hoy quiero compartir con vosotros esta sentencia estimatoria del Tribunal Supremo. La protagonista de esta sentencia llega a mí con dos sentencias previas denegadas, una de instancia (Juzgado de lo Social) y otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Me hago cargo del asunto para formalizar directamente RECURSO DE CASACION ante el TRIBUNAL SUPREMO porque, pese a estar tan avanzado el caso, compruebo que se ha cometido en error en la aplicación de la normativa correcta. ANTECEDENTES En 2.008 el INSS reconoce a mi cliente el derecho a percibir una pensión en favor de familiares. En 2.014 el INSS le comunica a mi cliente que se cometió un error al reconocer la pensión y le reclama la devolución de la pensión desde 01/01/2011, que asciende a 18.277,14€, correspondiente a los últimos 4 años. El error cometido consiste en aplicar la doctrina correspondiente a la obligación de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas, que prescribe a los 4 años a partir de la fecha de su cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de error imputable a la entidad gestora, en lugar de la doctrina correcta que es la relativa al plazo para el ejercicio de la acción de revisión de actos declarativos de derechos a favor de beneficiaros de la Seguridad Social, que también es de 4 años, pero este plazo empieza a contar desde el reconocimiento de la prestación. Por tanto, al haber transcurrido cuando se inicia el procedimiento de revisión el plazo de 4 años desde el reconocimiento del derecho a la pensión, la acción se encuentra prescrita y la Entidad Gestora no puede reclamar cantidad alguna a mi cliente y por tanto, no tiene que devolver los 18.277,14€, ni los recargos ni intereses devengados.

Sentencia favorable incapacidad permanente total derivada de enfermedad común

Hoy os hablamos de una sentencia estimatoria de este mismo año en la que hemos conseguido que se le reconozca a nuestro cliente la Incapacidad Permanente Total derivada de enfermedad común, tras habérsele denegado la pensión de invalidez en 2020. Nuestro cliente, con profesión habitual de peón de la construcción, solicitó en febrero de 2020 pensión de invalidez. Tras el informe emitido por el Equipo Médico de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial de Málaga del Instituto nacional de la Seguridad Social, se dictó resolución denegatoria de la declaración de invalidez permanente, por no hallarse afecto de invalidez permanente en ninguno de sus grados. Finalmente, interpusimos demanda y tras realizar las pruebas correspondientes, se demostró que nuestro cliente padece las siguientes dolencias y secuelas: trastorno depresivo moderado-grave, trastorno personalidad ansiosa , obesidad , SAOS, HTA. En consecuencia, se estimó acreditado acreditado que si bien nuestro cliente no esta impedido para toda actividad incluso las livianas o sedentarias si está incapacitado para su profesión habitual de peón albañil , profesión de esfuerzo y con riesgo de accidentabilidad.